Iba a votar a favor, pero cambió de opinión — Aborto

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Cuando arranque a las 15 horas el plenario de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Salud y Familia, que definirá el dictamen que irá mañana al recinto de la Cámara baja.

El diputado nacional por Cambiemos Daniel Lipovetzky salió a cruzar a los legisladores Nicolás Massot y Federico Pinedo, quienes habían tildado de "inconstitucional" al proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo: "La CIDH nos ratificó que no es inconstitucional el proyecto para despenalizar el aborto como sostuvieron Pinedo y Massot"; al tiempo que señaló que "el resultado de la votación es abierto, debe haber una diferencia de dos o tres votos".

Estos números, sin contabilizar al presidente de la Cámara, el macrista Emilio Monzó, que no participa de la votación, y al kirchnerista Julio De Vido, desaforado. "Esperamos que el miércoles tengamos la media sanción. Por lo tanto el resultado es abierto y no vamos a saber cómo saldrá la ley hasta el mismo momento de la votación", expresó Lipovetzky en declaraciones radiales.

Se trata de Sofía Brambilla (PRO), María Isabel Guerín y Abel Furlán (Frente para la Victoria), Sergio Ziliotto (PJ) y Jorge Lacoste (UCR). El massista José de Mendiguren y la radical Aída Ayala, originalmente en contra, dijeron estar revisando su posición, según informó ayer Télam. La iniciativa que impulsa la Campaña por el Aborto legal, Seguro y Gratuito, que nuclea a un importante colectivo de organizaciones sociales, fue presentada por primera vez en 2006 y sólo pudo debatirse a nivel de comisión en cuatro oportunidades, siempre impulsada por legisladores opositores al Poder Ejecutivo.

Jóvenes militantes de la Unión Cívica Radical, por un lado, y pares suyos pertenecientes al Partido Socialista de La Pampa hicieron públicos sus pedidos para que los representantes de sus sectores en el Congreso de la Nación voten a favor de la despenalización del aborto.

Otra de las modificaciones está vinculada al artículo que habilita a las adolescentes de entre 13 y 16 años a practicarse un aborto sin la autorización de sus padres, punto que quieren eliminar para que esa situación quede supeditada a lo dispuesto por el Código Civil y Comercial.

"La posibilidad de abortar sigue siendo hasta la semana 14, a excepción de que el embarazo haya sido producto de una violación, estuviera en riesgo la vida o salud de la mujer o si hubieran" malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina".

Una última modificación consistiría en poner a disposición de las mujeres que manifiesten voluntad de abortar la información necesaria para que tomen la decisión, que incluiría un período de reflexión obligatoria, e incorporaría medidas para reforzar la educación sexual además de crear consejerías de atención integral a cargo de equipos interdisciplinarios para acompañar a la mujer antes y después de la interrupción del embarazo.

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