Tras el crimen del chofer, apuran colocación de cámaras en colectivos

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"Este es un caso desquiciado porque hay que ver lo que tiene un chico de 18 años en la cabeza para cometer un asesinato de esta magnitud con esta frialdad".

En ese sentido, el funcionario afirmó: "Daremos una línea blanda de créditos para que se lleve a cabo la implementación, sin costo alguno", y explicó que será el Banco Provincia el responsable. "Hay testimonios que lo identifican pero ahora en la fiscalía se está trabajando para confirmar lo que los testigos vinieron adelantando", dijo Ritondo al canal TN durante la tarde luego de que se conozca la noticia de que existe un sospechoso sobre el que todavía no pesa una orden de detención.

Por su parte, la Provincia entregará botones antipánico a los choferes.

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, cuestionó severamente a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, a quien acusó públicamente de no haber ejecutado el Fondo de Seguridad, que para el distrito significaron unos 250 millones de pesos con los que debería haber invertido en equipamiento para prevención del delito.

Del anuncio, por otro lado, también participaron ministro de Infraestructura de la Provincia, Roberto Gigante; el administrador general de la Dirección de Vialidad provincial, Mariano Campos; y el Presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet.

La normativa exige que las filmadoras "deberán encontrarse en un lugar visible, procurando la conservación de las mismas, y su buen funcionamiento". Asimismo indicó que para fin de año estarán todas las cámaras instaladas. Y agregó: "Estamos pidiendo que vuelva a La Matanza la Gendarmería que nos han sacado, que vuelva la policía, que nos traigan más patrulleros y que se coloquen en las unidades las cámaras que ya tienen que estar colocadas". Con la incorporación de sistemas 4G a las cámaras, se podrán monitorear en los centros de control que funcionan en los municipios, explicó el ministro de Seguridad.

En el ministerio de Seguridad funciona una "mesa de trabajo" entre las autoridades y el sector de transporte, que había establecido "zonas de peligro" donde se hacían controles policiales.

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