Tribunal Europeo condenó a España por atentar contra la libertad de expresión

Compartir

Según Estrasburgo, el país violó el derecho a la libertad de expresión ya que este acto forma parte, textualmente, "de una crítica política, no personal".

"La libertad de expresión se extiende a informaciones e ideas que ofenden, chocan o molestan", subrayó Estrasburgo en su sentencia.

El caso se remonta a septiembre de 2007, cuando durante una visita oficial de los ahora reyes eméritos de España, Juan Carlos I y doña Sofía, a Girona, dos independentistas catalanes, a saber, Enric Stern y Jaume Roura, quemaron una fotografía de sus majestades en una plaza pública durante una manifestación antimonárquica autorizada. Stern roció la fotografía, colocada cabeza abajo, con líquido inflamable y Roura le prendió fuego con una antorcha, mientras eran jaleados por otros manifestantes.

La justicia española les condenó entonces a 15 meses de prisión, o a pagar una multa de 2.700 euros cada uno.

En la imagen de archivo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo (Francia) el 24 de enero de 2018.

Los jueces de Estrasburgo aseguraron que las medidas tomadas por el Tribunal Constitucional español no respetan la libertad de expresión y por ende vulneró los Derechos Humanos de los ciudadanos catalanes a los que ahora tendrá que indemnizar con 14.400 euros a cada uno. - Quemar una foto de los reyes de España es libertad de expresión. Concluyen los magistrados que la quema de la fotos "entra dentro del ámbito de la crítica política o la disidencia y corresponde a la expresión de un rechazo de la monarquía como institución".

Señala también que se trata de "una de esas escenas provocativas que se utilizan cada vez más para atraer la atención de los medios de comunicación y que no van más allá de una cierta provocación permitida para transmitir un mensaje crítico en términos de libertad de expresión".

Además, consideró que el acto en cuestión no había constituido incitación al odio o la violencia. En el mismo sentido, considera probado que la intención de Stern y Roura "no fue incitar a nadie a cometer actos de violencia contra el Rey" e insiste en que "un acto de este tipo debería ser interpretado como la expresión simbólica de insatisfacción y protesta".

El TEDH considera además que la pena impuesta a Stern y Roura, con la amenaza de acabar en la cárcel si no pagaban la multa, constituye "una interferencia" con la libertad de expresión que "ni fue proporcionada frente al objetivo legítimo buscado (la protección de la reputación o de los derechos de otros) ni necesaria en una sociedad democrática".

Compartir