Renuncia otro integrante de la Comisión de Reconstrucción de la CDMX

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La reforma del Artículo 14 del mismo Decreto, para eliminar la facultad de la Asamblea Legislativa para autorizar el destino, monto y uso de los recursos para la reconstrucción.

El 6 de febrero, 22 diputados locales, entre ellos los del Grupo Parlamentario de Morena, interpusieron un recurso ante la Suprema Corte contra el presupuesto de egresos 2018 de la CDMX.

"Merino renunció 'ante la falta de garantías para transparentar el uso de recursos' y precisó que la posición ad honorem en la Comisión no garantiza el ejercicio de la labor de los comisionados porque no tendrán capacidad de vigilancia y monitoreo de los fondos autorizados", refirió.

"Previo al establecimiento de los compromisos para llevar a cabo las acciones con cargo a los recursos establecidos en las fracciones I, II y III del presente artículo, las unidades responsables del Gasto deberán contar con la aprobación del detalle de dichas acciones de la Secretaría de Finanzas, en términos de la legislación respectiva".

La Comisión para la Reconstrucción sigue desmoronándose.

La Comisión para la Reconstrucción sumó otra baja.

El presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa (ALDF), Leonel Luna, afirmó que la renuncia de Ricardo Becerra a la comisión de la Reconstrucción se debió a que se vio rebasado ante las tareas que debía cumplir.

La iniciativa de reforma fue enviada a la ALDF el sábado por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, con la cual propone también dejar establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente que la Secretaría de Finanzas deberá prever los recursos para constituir e incrementar un fondo para proveer de seguros de vivienda a los contribuyentes del impuesto predial.

"A fin de que se permita un ejercicio totalmente transparente, para que no haya ninguna duda en cuanto al destinatario final, que es la gente de la Ciudad de México que resultó afectada por el pasado sismo del 19 de septiembre", abundó.

Señaló que la fiscalización de esa Ley se realizaría por la Contraloría y por la Auditoria superior de la Ciudad de México y que los recursos serían transparentados.

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