Presidente catalán pide a gobierno español diálogo sobre referendo

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Desde Galicia, Rajoy reclamó a los dirigentes de la Generalitat (gobierno autónomo de Cataluña) que reflexionen y vuelvan "a la racionalidad y a la legalidad".

Según el acuerdo adoptado hoy por el Consejo de ministros, el Estado asumirá los pagos "esenciales" del gobierno catalán para asegurar el funcionamiento de los servicios básicos (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) y la retribución de los funcionarios. La medida de Madrid es en respuesta a que el viernes el gobierno catalán anunció que dejará de enviar su informe semanal de gastos al gobierno central por considerarlo un modo de "control político".

La intervención de las cuentas catalanas por el Estado añade un obstáculo a los separatistas dos semanas antes del referéndum. "Si en 48 horas no hay un compromiso de cumplimiento de la ley, a partir de ahora los pagos de la Generalitat (el gobierno de Cataluña) los hará el gobierno de España", advirtió el jefe del gobierno, Mariano Rajoy, ovacionado de pie por los asistentes a un encuentro de su Partido Popular (PP) en Cataluña. Rajoy ha tomado el control de finanzas catalanas.

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El senador Cleríes le recordó que los catalanes aportan cada año al Estado español unos 16.000 millones de euros en concepto de impuestos con los que "se podrían hacer muchas cosas" en Cataluña y puso énfasis en que convocar un referéndum "no es delito". "No se ha hecho nunca y se está haciendo en razón de la excepcionalidad que estamos viviendo", explicó el ministro. También destacó, despertando un sonoro aplauso de los presentes, que la Guardia Civil haya requisado ayer más de 100.000 carteles publicitarios del referéndum prohibido.

Rajoy, a quien Puigdemont ha enviado una carta este viernes para negociar la consulta, ha insistido en que no puede autorizar ni negociar una votación de estas características: "Yo no puedo disponer de la soberanía nacional". La carta, difundida a varios medios de comunicación, está firmada por el presidente catalán Carles Puigdemont, su vicepresidente Oriol Junqueras, la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La carta critica la presunta "ofensiva de represión sin precedentes" que atribuye al gobierno central, refiriéndose a los diversos mecanismos legales activados por el Estado para frenar la consulta.

El Tribunal Constitucional paralizó la ley y convocatoria del referéndum de independencia, advirtiendo a las autoridades regionales y municipales de que no participen en la consulta.

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